El grupo está acusado de los delitos de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados a los bienes de la Unión y deterioro de bienes catalogados.
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En las denuncias, el Ministerio Público Federal (MPF) sostiene que “Todos gritaban consignas demostrando la intención de derrocar al gobierno legítimamente constituido”.
El objetivo era “implementar un gobierno militar, impedir el ejercicio de los Poderes Constitucionales y deponer al gobierno legítimamente constituido que había asumido el 1 de enero de 2023”.
La reacción en números
Hasta el momento han sido denunciadas 835 personas, de las cuales 645 fueron instigadores (participaron en los hechos o fueron detenidos frente al Cuartel General del Ejército, pero no vandalizaron las instalaciones), 189 fueron ejecutores directos de la invasión, vandalismo y depredación y un agente público por omisión.
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941 personas detenidas por los hechos permanecen en prisión.
Además de la condena, el MPF solicita el congelamiento preventivo de los bienes del imputado para futuras indemnizaciones.
(Fuente: Agência Brasil)
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