activistas ambientales
Créditos de la imagen: AFP

América Latina concentra la mayoría de los crímenes contra ambientalistas

Los asesinatos de ambientalistas registraron una caída en 2021 respecto al año anterior, pero América Latina siguió concentrando más del 75% de los crímenes, con México a la cabeza de los países con más víctimas, detalla el informe anual de la ONG Global Witness.

O El número de activistas asesinados llegó a 200 el año pasado., frente al récord de 227 en 2020, con ataques que tuvieron lugar en el contexto de “una gama más amplia de amenazas” contra ambientalistas, que son objetivos de gobiernos, empresas y otros actores no estatales, destaca el informe.

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"Más del 75% de los ataques registrados ocurrieron en América Latina“, informa Global Witness en el documento.

O México fue el país con mayor número de asesinatos, con 54 muertes de ambientalistas en 2021, 30 más que el año anterior.

“Más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui”, establecida en el norte del país, señala el documento.

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El año 2021 es el tercer año consecutivo que Global Witness registra un aumento de ataques letales en México. Dos tercios de los ataques están relacionados con la tierra y la minería.

“Casi dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca (sur) y Sonora (norte), ambos con importantes inversiones mineras”, destaca la organización.

“Nos sentimos abandonados”

La comunidad indígena de Ayotitlán Jalisco (oeste) fue una de las más afectadas por su defensa ante la mina Peña Colorada, de la que se extrae hierro y otros minerales.

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Uno de sus líderes, José Santos Isaac Chávez, declarado opositor a la mina, fue asesinado en abril de 2021 mientras se postulaba para Comisionado Ejidal, responsable de la administración indígena.

Otros vecinos de la comunidad fueron asesinados, amenazados y perseguidos, entre ellos Rogelio Ramos, de 17 años, hijo del activista José Santos Rosales.

“Las minas destruyen y contaminan el medio ambiente. Pido a las autoridades que se haga justicia y sancione a los responsables, que tengan presencia permanente en la comunidad”, dijo por teléfono a la AFP Rosales, cuyo hermano desapareció en 1993.

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En los últimos 10 años, México se ha convertido en “uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente”, con 154 asesinatos documentados durante el período, advierte Global Witness.

La mayoría de las muertes (131) ocurrieron entre 2017 y 2021.

colombia y brasil ocuparon el segundo y tercer lugar en el número de ambientalistas asesinados el año pasado.

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Colombia registró 33 asesinatos el año pasado, una caída significativa respecto a las 65 muertes de 2020.

Brasil registró 26 asesinatos de ambientalistas en 2021, seis más que en 2020.

Brasil, México y Colombia representaron más de la mitad de los ataques contra ambientalistas el año pasado, según la ONG.

De los delitos que estaban relacionados con un sector específico, la organización señala que más del 25% estaban vinculados a la explotación de recursos (forestales, mineros o agroindustriales), además de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura.

Sin embargo, la cifra puede ser mayor porque los motivos de los ataques contra los ambientalistas a menudo no se investigan ni se informan adecuadamente.

Pueblos indígenas y mujeres.

La minería fue el sector más vinculado a los asesinatos de 2021, con 27 casos, 15 de ellos en México, seis en Filipinas, cuatro en Venezuela, uno en Nicaragua y uno en Ecuador, según Global Witness.

La ONG también advirtió sobre “Número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas.“, con más del 40% de los ataques dirigidos a este grupo, a pesar de representar sólo el 5% de la población mundial.

Global Witness registró 12 asesinatos masivos en 2021, incluidos tres en India y cuatro en México, y destacó que uno de cada 10 activistas asesinados eran mujeres, casi dos tercios de ellas indígenas.

La organización recomienda “acciones urgentes” por parte de gobiernos y empresas para detener la violencia y criminalización de activistas, como la adopción de leyes que los protejan y la ampliación de sus derechos, además de políticas corporativas que “identifiquen, prevengan y mitiguen” cualquier daño contra estas personas y los espacios que defienden.

(Con AFP)

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