El Supremo Tribunal Federal (STF) condenó, este jueves (14), a 17 años de prisión, al primer acusado de los ataques a la sede de los Tres Poderes, el 8 de enero, en Brasilia, por intento de golpe de Estado y otros crímenes.
“El pleno del STF, por mayoría de votos”, decidió condenar “al acusado Aécio Lúcio Costa Pereira a una pena de 17 años”, afirmó la presidenta del tribunal, la ministra Rosa Weber, al concluir el primer proceso contra los partidarios de Bolsonaro que invadieron y destrozaron el Palacio do Planalto y los edificios del Congreso Nacional y del STF, descontentos con la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre.
La sentencia que prevaleció fue la más dura propuesta entre los 11 ministros del tribunal.
Pereira, de 51 años, residente en São Paulo, participó en la invasión del Congreso Nacional y fue condenado por delitos como tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de la propiedad pública.
También se le ordenó pagar una multa individual y una indemnización por “daños morales y materiales colectivos” de 30 millones de reales junto con los demás condenados por los atentados.
El 8 de enero “no fue realmente un domingo de parque, fue un domingo de devastación, el día de la infamia”, lamentó la ministra Rosa Weber, acompañando al ponente, el ministro Alexandre de Moraes, que votó el miércoles.
La invasión y depredación de la sede de los Tres Poderes se produjo apenas una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"El objetivo era, mediante el uso de la violencia, asediar Brasilia y difundir la práctica de actos criminales en todo el país, violando el Estado de derecho", dijo Cristiano Zanin, uno de los ministros que votaron este jueves.
Además de invadir y vandalizar los edificios, los manifestantes rompieron ventanas, sillas, mesas, valiosas obras de arte y muebles históricos, como un reloj traído a Brasil por la corte portuguesa en 1808.
El ministro Alexandre de Moraes, que propuso una pena de 17 años de prisión, afirmó que los autores de los atentados querían "convencer al ejército para que se sumara a este golpe de Estado" y "estaban seguros de que lo conseguirían".
Moraes mostró un video de Pereira dentro del Senado, celebrando la invasión y animándola en las redes sociales.
Sólo dos ministros del STF desestimaron las acusaciones de intento de golpe de Estado.
“La destitución del gobierno dependería de actos que no estaban al alcance de estas personas”, argumentó André Mendonça, uno de los ministros que defendió esta posición. Sin embargo, también votó a favor de condenar al acusado a ocho años de prisión por los demás delitos.
Los abogados de Pereira sostuvieron que el acusado no estaba armado durante los ataques y que no cometió ningún acto violento.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, incluido el primer condenado, y otros tres que serán juzgados a continuación: Thiago de Assis Mathar, de 43 años; Moacir José dos Santos, 52; y Matheus Lima de Carvalho Lázaro, 24.
El STF comenzó a juzgar el segundo caso el jueves por la tarde.
Bolsonaro, quien recientemente fue declarado inelegible por ocho años por desinformación sobre el sistema electoral, está siendo investigado por su presunto papel en alentar ataques golpistas.
El expresidente, que se encontraba en Estados Unidos en el momento de los hechos, niega cualquier responsabilidad.
Antes del 8 de enero, miles de sus seguidores, convencidos de que Bolsonaro había sido víctima de un fraude electoral, bloquearon carreteras y se manifestaron frente a cuarteles militares, pidiendo una intervención militar.
Miembros de la cúpula policial del Distrito Federal fueron detenidos el mes pasado, acusados de omisión e intento de golpe de Estado, luego de que las investigaciones revelaran, según los tribunales, un alineamiento ideológico y deliberado con los autores de los ataques.
Además de las denuncias por los delitos más graves, la PGR analiza más de mil casos relacionados con los atentados que, en lugar de una causa penal, derivarán en multas y contribuciones sociales, si se llega a un acuerdo.
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Esta publicación fue modificada por última vez el 14 de septiembre de 2023 17:35
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