Las pruebas, recabadas en ocho meses de investigación, apuntan a una “omisión” por parte de las autoridades de la Policía Militar del Distrito Federal, lo que demostró una “profunda contaminación ideológica”, afirmó la PGR en un comunicado.
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Hay evidencia de que “los agentes –que ocupaban puestos de mando en la corporación– recibieron, antes del 8 de enero de 2023, diversa información de inteligencia que indicaba las intenciones golpistas del movimiento y el riesgo inminente de una invasión efectiva a la sede de los Tres Poderes. ”, añadió.
La Fiscalía no detalló los nombres de las autoridades detenidas este viernes. Según la prensa local, en la lista figuran el actual comandante de la Policía Militar y el oficial que presidía la institución en el momento de la invasión.
La entidad, que solicitó el procesamiento de los investigados, identificó una “profunda contaminación ideológica por parte de oficiales de la Policía Militar del DF que mostraron apoyo a teorías conspirativas sobre fraude electoral y teorías golpistas”.
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Jair Bolsonaro (2019-2022) perdió la reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva en octubre del año pasado, por un estrecho margen.
Tras la derrota, grupos de Bolsonaro, convencidos de que su líder había sido víctima de un fraude, organizaron cortes de carreteras y manifestaciones pidiendo una intervención militar.
El 8 de enero, una semana después de que Lula asumiera el cargo, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon la sede de los Tres Poderes, en Brasilia.
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El episodio sacudió la democracia brasileña y desencadenó una amplia investigación que ya culminó con cientos de arrestos.
Bolsonaro, que recientemente fue condenado por el Tribunal Electoral y no podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales por haber atacado públicamente al sistema electoral brasileño, está siendo investigado por su participación en estos ataques.
Niega cualquier conexión con lo sucedido.
Bolsonaro y su entorno enfrentan varias investigaciones judiciales, incluida una por presunto desvío de joyas y otros obsequios del Estado para enriquecimiento personal, y la falsificación de certificados de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a Estados Unidos.
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