Créditos de la imagen: Marcelo Camargo/Agência Brasil

¿La operación contra los empresarios de Bolsonaro fue un abuso de poder?

La ejecución de ocho órdenes de registro e incautación en domicilios de empresarios acusados ​​de compartir mensajes fraudulentos en WhatsApp, el martes (23), generó una serie de debates sobre cuál es el límite entre la libertad de expresión y la condonación del delito. oh Curto Las noticias te lo explican.

Dado que el fundamento jurídico de la investigación sigue siendo secreto, abogados y juristas escuchado por el periódico O Estado de S. Paulo estaban divididos sobre posibles acusaciones de irregularidades cometidas por Alejandro de Moraes, ministro del Tribunal Supremo Federal.

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“Los mensajes conocidos hasta ahora justifican una investigación, no búsquedas. El análisis técnico del caso depende de lo que conste en la solicitud que haga la autoridad policial al Juzgado. Es necesario saber qué hechos indicó la policía para saber si la medida era necesaria”, afirmó el criminalista. Mauricio Zanoide de Moraes, profesor de la USP. También reiteró que las conversaciones por sí solas no justifican la búsqueda y las medidas restrictivas adoptadas.

Por su parte, el ex Ministro de Justicia Miguel Reale Júnior Explicó al diario Estadão que el contenido de los mensajes justifica una investigación para determinar si los empresarios financiaron actos antidemocráticos y si alentaron esas acciones.

el juez Ivana David, de la Sección Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo, coincide con el análisis de Reale. “El límite de la libertad de expresión se excede cuando hay dolo”, comentó.

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Al sitio web Poder360, el ex ministro Marco Aurelio Mello salió en defensa de los empresarios objeto de la acción policial diciendo que “para defender la democracia no podemos dejar en un segundo plano la libertad de expresión”.

Para Mello, los empresarios ni siquiera deberían ser investigados por el STF, ya que no tienen un foro privilegiado (hecho que lleva una investigación directamente a la Corte Suprema).

En la evaluación de Celso Vilardi, profesor de Derecho de la Fundação Getúlio Vargas (FGV), la Corte Suprema actuó mal porque no existe ningún acto concreto contra la democracia que justifique una medida extrema de registro e incautación.

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En cambio, el penalista Antonio Carlos de Almeida Castro defendió la investigación. “En este caso, [el STF] está manteniendo la estabilidad del país”, comentó.

Tanto Vilardi como Castro hablaron sobre el tema que se debate en CNN Brasil.

Curto Brasil

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