La denuncia del MPF señaló que policías que actuaban en los municipios de Joinville y Barra Vieja controlaban los servicios ofrecidos por empresas para el remolque de vehículos accidentados o incautados en las vías. A cambio, las grúas debían pagar a los agentes un promedio del 40% del valor de los servicios.
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El caso fue investigado por el PRF y luego pasó a ser investigación de la Policía Federal. La denuncia ofrecida por el MPF alcanzó a 16 policías de la misma región. Los pagos, según las investigaciones, se realizaban en efectivo, cheques e incluso depósitos bancarios. Los hechos descubiertos ocurrieron desde mediados de los años 1990 hasta diciembre de 2000.
La denuncia individualizó la conducta. Contra Silvinei Vasques, el MPF señaló que él, “actuando en competencia y con unidad de propósito” con los demás policías, “exigió, para sí y para otros, directamente, en el ejercicio de sus funciones, ventajas indebidas a los proveedores de servicios de remolque consistentes en montos que oscilaban alrededor del 40% del valor del servicio”.
La denuncia detalla, basándose en la violación del secreto bancario y fiscal, tres recibos de dudosa procedencia en la cuenta de Silvinei Vasques. Uno de ellos, por R$ 1,5 mil (mil quinientos reales).
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También pesaba acusación de amenaza contra Silvinei, según información recabada de uno de los remolcadores denunciantes: “(…) Vasques lo amenazó con un tiro en la frente y advertirle al (otro denunciante) que se cuidara, porque no tenía nada que perder. Sostiene que los problemas que hubo entre el PRF y la empresa de su jefe se dan porque su jefe ya no les da comisiones a los FRP, pues ellos sólo trabajan con compañías de seguros”.
nadie fue castigado
El caso nunca fue juzgado, ya que el Tribunal Federal de Santa Catarina reconoció la prescripción de la mayoría de los delitos mencionados. La denuncia fue recibida por el Poder Judicial el 30 de marzo de 2011 y la mayoría de los hechos investigados fueron anteriores a marzo de 1999.
(con Contenido de Estadão)
