Desde 1995, el Índice de percepción de la corrupción en TI Clasifica anualmente a 180 países y territorios en una escala que va del cero (muy corrupto) al 100 (muy honesto), utilizando datos de instituciones como el Banco Mundial o empresas consultoras privadas.
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Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) siguen siendo los países menos corruptos del mundo, según el informe publicado este martes. Somalia (12), Siria (13) y Sudán del Sur (12) tienen las peores tasas de percepción de corrupción.
Los datos globales revelan un estancamiento en la lucha contra la corrupción y resaltan la relación entre este flagelo y la violencia. “La corrupción y los conflictos se retroalimentan y amenazan una paz duradera“, afirma el informe. El fenómeno es particularmente visible en América Latina.
Los países con puntuaciones más bajas suelen estar en guerra o enfrentando brotes de violencia. Este es el caso de Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23), que tienen los peores puntajes de América Latina.
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En estos países, la línea entre las instituciones públicas y las redes criminales es borrosa, señala TI. El índice de los tres últimos ha disminuido considerablemente desde 2017.
Uruguay (74) y Chile (67) son los países con mejores puntajes de la región, seguidos de Costa Rica (54), pero esta nación registró su puntaje histórico más bajo debido a los recientes casos de corrupción y denuncias de presunto financiamiento ilícito del Campaña electoral del actual presidente Rodrigo Chaves.
El resto de países latinoamericanos tienen puntuaciones inferiores a 50, como Cuba (45), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador, República Dominicana (33), Bolivia, México (31) y Paraguay (28).
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“Avance del crimen organizado”
La falta de avances en la lucha contra la corrupción “ha provocado el debilitamiento de las instituciones democráticas en la región y un aumento de la violencia, así como el avance del crimen organizado en las instituciones públicas”, advirtió Luciana Torchuaro, asesora para América Latina de TI .
"Los gobiernos frágiles fracasan en su trabajo para detener las redes criminales, los conflictos sociales y la violencia", destacó Delia Ferreira Rubio, presidenta de la ONG, en un comunicado.
En un análisis, TI cita la inestabilidad que sacude a Perú, con seis cambios de gobierno en seis años y donde cinco expresidentes son investigados por corrupción, entre ellos Pedro Castillo. La represión de las manifestaciones motivadas por su despido en diciembre se ha saldado con más de 50 muertos hasta la fecha.
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En otros países, advierte, los organismos públicos han sido cooptados por “las élites y el crimen organizado”. Las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de la ley ignoran actividades ilícitas o violaciones de derechos humanos a cambio de dinero.
Amenazas al medio ambiente
En Venezuela, que tiene el peor puntaje de América Latina, los grupos criminales mantienen sus actividades en el sector minero a cambio de pagos irregulares a los militares, informa TI. Las actividades económicas ilegales representaron el 21% del PIB en 2021.
El informe también menciona a Guatemala (24) y Honduras, donde “hay evidencia que sugiere” la influencia del crimen organizado en la política. En Guatemala, la situación afecta a periodistas, activistas y fiscales: algunas personas se han visto obligadas a exiliarse.
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Para intentar revertir la tendencia, la ONG lamenta que Honduras, El Salvador y Ecuador hayan declarado estados de emergencia, una medida que reduce "la transparencia y la rendición de cuentas".
En el informe que representa una instantánea de 2022, la unión entre crimen e intereses políticos representa un peligro para el medio ambiente.
“Las redes criminales fomentan el contrabando de animales salvajes, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación”, denuncia.
Los asesinatos de activistas medioambientales siguen impunes debido a la infiltración de estas redes en los sistemas de justicia, critica. En 2021, 138 activistas fueron asesinados en Colombia, 42 en México y 27 en Brasil.
(con AFP)
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