“Estamos hablando de 927 víctimas que dieron su testimonio”, explicó en la presentación el sacerdote José Gabriel Vera Beorlegui, director del gabinete de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
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Esta cifra está lejos de las 1.957 víctimas registradas desde que el diario español El País inició una investigación en 2018 y creó una base de datos.
Fue el periódico que reveló, el 30 de abril, los abusos a menores perpetrados por jesuitas españoles en Bolivia, provocando un escándalo en el país sudamericano.
En marzo de 2022, la Iglesia española había tomado declaración a 506 personas, según informó entonces.
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Estas 927 víctimas acusaron a 728 miembros de la Iglesia, de los cuales “la mayoría son clérigos, son sacerdotes ordenados”, precisó Vera Beorlegui, sobre un informe titulado “Para dar luz”, que fue calificado como el primero realizado por la Iglesia española. y se hizo público.
De los atacantes identificados, el 64% murió y el 36% están vivos, continuó el portavoz.
Según un comunicado difundido por la CEE, más del 99% de los agresores fueron hombres, con predominio de niños entre las víctimas, en el 82,62% de los casos, de los cuales el 17,38% fueron niñas.
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Vera Beorlegui explicó que “en las oficinas se están estudiando 199 testimonios para poder finalizar con ellos este proceso pastoral o judicial según corresponda”.
La década en la que se registraron más casos fue la de los 1970, con 172, y las denuncias de abusos más antiguas se remontan a los años 1940.
“Estos son los dos primeros casos que existen, personas mucho mayores que vinieron a denunciar abusos cometidos contra ellos”, explicó Vera Beorlegui.
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El informe se llama "Para dar luz" porque, según el presidente de la CEE, Francisco César García Magán, "quiere que sea una declaración de intenciones y un camino a seguir".
A diferencia de países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia o Irlanda, España no ha llevado a cabo ninguna investigación importante sobre este tema. Actualmente hay dos en marcha.
El Defensor del Pueblo español está llevando a cabo su investigación a petición del Parlamento, mientras que la Iglesia ha confiado su investigación a un despacho de abogados independiente.
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