El juez federal Flávio Lucas, de la 2ª Sala Especializada del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2), informó en su decisión que la suspensión de la aplicación en todo el país “no es razonable, considerando la afectación generalizada en todo el territorio nacional de la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados”.
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Sin embargo, el juez mantuvo la multa diaria de un millón de reales, establecido por la primera instancia judicial, informó el TRF2, con sede en Río de Janeiro, en un comunicado.
La Policía Federal y el Ministerio Público habían solicitado a la Telegram los datos personales de todos los miembros de los canales “Movimiento Antisemita Brasileño” y “Frente Antisemita”, que las autoridades asocian con ataques a escuelas en los últimos meses.
En noviembre del año pasado, un adolescente de 16 años mató a tiros a cuatro personas e hirió a más de diez en dos escuelas de Espírito Santo.
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El joven “era miembro de grupos extremistas en Telegram, donde se compartía material de defensa neonazi (…) con tutoriales sobre asesinato y fabricación de artefactos explosivos, y vídeos de muertes violentas”, detalló el TRF2.
Según la primera instancia judicial, el Telegram sólo entregó “parcialmente” los datos solicitados.
La empresa, con sede en Dubái y registrada en las Islas Vírgenes Británicas, anunció el jueves (27) que la información solicitada es “tecnológicamente imposible de obtener” y anunció que presentaría un recurso de apelación ante los tribunales.
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“Cueste lo que cueste, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada”, afirmó entonces su director ejecutivo, Pavel Durov.
O Telegram Ya había sido objeto de una orden de suspensión en Brasil en marzo de 2022, cuando el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó su bloqueo porque consideró que la empresa incumplió reiteradamente órdenes judiciales para combatir la desinformación en un año electoral y no colaboró con las autoridades en la represión de otros delitos.
Tras la orden de bloqueo, que no entró en vigor, la Telegram nombró un representante legal en Brasil y detalló ante los tribunales sus mecanismos internos para combatir la desinformación.
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(Con AFP)
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