“Teniendo en cuenta la extrema desigualdad social del país, el contexto de empobrecimiento de la población y la obligación de votar en Brasil, es justificable que el Poder Público soporte los costos de transporte derivados del ejercicio de este derecho-deber”, dice una parte de la decisión.
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En opinión del Ministro, la falta de una política de transporte gratuito el día de las elecciones “tiene el potencial de crear, en la práctica, un nuevo tipo de votación censal, que priva a los más pobres de la posibilidad de participar en el proceso electoral”.
La orden llega un día después de que el ministro se reuniera con representantes de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). El grupo estuvo ayer en el STF y pidió a Barroso que reconsiderara la decisión que negaba la obligatoriedad de la gratuidad para los votantes en la primera vuelta. La campaña del PT cree que la medida puede ayudar a reducir la abstención.
Barroso tranquilizó a los alcaldes y afirmó que “los municipios pueden, sin incurrir en ningún tipo de infracción administrativa, civil, penal o electoral, promover una política pública de transporte gratuito el día de las elecciones”. El ministro insistió en hacer la aclaración para evitar que los gestores públicos dejen de actuar por lo que llamó un “temor infundado a la rendición de cuentas”.
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Fuente: Estadão Contenido
