En un comunicado, el CIDH y Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) Piden al Estado brasileño que “garantice la supervivencia de esta población”.
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La reserva yanomamis, ubicada en la frontera con Venezuela, es la tierra indígena más grande de Brasil, con 96 mil km², donde viven alrededor de 30 mil miembros de esta etnia.
En cuatro años, niños y ancianos murieron “por causas relacionadas con la desnutrición y la falta de atención médica, enfermedades prevenibles y tratables”, de los cuales 99 niñas y niños murieron en 2022, durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, el que representa un aumento del 29% en comparación con años anteriores, agregaron.
“El hambre y la grave inseguridad alimentaria que sufre el pueblo yanomamis están directamente relacionados con la discriminación étnico-racial que, a su vez, permite la invasión de mineros, estimados en 20 mil personas, ocupando territorio indígena”, condenaron ambas organizaciones.
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El gobierno brasileño, que calcula que hay 15 invasores, anunció el lunes que ha comenzado a movilizar a más de 500 policías y soldados sobre el terreno para expulsar a los mineros.
La minería ilegal aumentó considerablemente durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022), partidario de abrir tierras indígenas a esta actividad.
Según la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Redesca, las mujeres y niñas están expuestas a un mayor riesgo. Las entidades dan el ejemplo de una niña de 12 años que fue violada en 2022 en la comunidad de Aracaçá “sin noticias sobre el avance de la investigación hasta la fecha”.
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A pesar de las múltiples quejas de la gente yanomamis, en los últimos dos años las autoridades “ignoraron la situación de violencia, agresiones y asesinatos” en su contra, dijeron. Esta “omisión”, recuerdan, motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Federal para investigar un posible delito de genocidio.
Las dos organizaciones pidieron al gobierno de Lula "proteger los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la alimentación, al agua y al medio ambiente, así como a la tierra" y los recursos naturales de esta población. También exigieron que se investiguen los crímenes y que se garantice justicia y “reparación con enfoque intercultural”.
(con AFP)
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