En la práctica lo que se pretende es suspender la vigencia de decretos y ordenanzas emitidos tanto por los ex ministros de Medio Ambiente, Ricardo Salles y Joaquim Leite, como por el presidente del Ibama, Eduardo Bim. El equipo entiende que estos actos administrativos no sólo bloquearon la inspección ambiental, sino que también presionaron a los agentes ambientales y permitieron a los infractores dejar que el proceso se desarrollara sin consecuencias.
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La transición aún no tiene claro el número exacto de multas que están a punto de imponer, en qué plazo ni cuál será el monto total. Por lo tanto, realizar esta encuesta con el actual gobierno. Internamente, Ya llegó información de que esta situación afectaría entre R$ 2 mil millones y R$ 20 mil millones a principios del próximo año., de ahí la necesidad de detalles de la situación.
Al mismo tiempo, el equipo también quiere revisar el programa “Adopta un Parque”, lanzado por Salles, como una forma de quitar las unidades de conservación ambiental de manos del Instituto de Biodiversidad Chico Mendes (ICMBio) y transferirlas a el sector privado.
Estas medidas encabezan las prioridades que formarán parte del informe del grupo técnico ambiental que será presentado el miércoles 30 de noviembre, fecha establecida para que todos los grupos temáticos de transición presenten un primer diagnóstico detallado de cada sector.
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