El gobierno insistirá en el cobro administrativo y judicial de R$ 29,1 mil millones en multas ambientales. La nueva postura resulta del cambio en dos dictámenes jurídicos de la Procuraduría General de la República (AGU), que tratan de la prescripción para el cobro de sanciones. 💸
Cuando ocurre la prescripción, la Unión pierde el derecho a cobrar las multas establecidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). Según el nuevo entendimiento, la AGU sostiene ahora que el cómputo del plazo para esta prescripción se interrumpe durante la realización de determinadas actuaciones, como las inspecciones y la preparación de dictámenes. En la práctica, el nuevo entendimiento amplía el tiempo que tiene el gobierno para procesar a los infractores..
Otro cambio de entendimiento se refiere a la nulidad de más de 45 mil actas de infracción elaboradas por inspectores ambientales, por un valor de R$ 18 mil millones. Durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, el Ibama decidió anular las sanciones impuestas, al considerar una irregularidad la notificación a los infractores mediante aviso. Ahora, la AGU sostiene que las notificaciones mediante aviso son periódicas, y, por tanto, se debe continuar con el cobro de las multas.
Juntos, los dos cambios revierten la posible prescripción de 183 mil actas de infracción, alcanzando un total de R$ 29,1 mil millones en multas ambientales, según un estudio realizado por la Procuraduría Federal Especializada con el Ibama, unidad de la AGU que brinda consultoría a la agencia ambiental.
(Con Agencia Brasil)
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Esta publicación fue modificada por última vez el 22 de marzo de 2023 13:44 p.m.
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